El Gobierno de Jalisco prepara una reforma al Código Penal estatal para castigar a quienes permitan, faciliten o promuevan que niñas, niños y adolescentes utilicen máquinas tragamonedas u otros dispositivos de juegos de azar.
El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que la iniciativa será enviada al Congreso de Jalisco y tendrá como eje la modificación del artículo 142-A del Código Penal, según el anuncio difundido por el mandatario y reportes publicados por medios estatales. La propuesta aún no entra en vigor y tendrá que pasar por el proceso legislativo.
La medida busca atender la presencia de estas máquinas en tiendas, pequeños comercios y otros espacios de las colonias, donde menores de edad pueden utilizarlas a cambio de dinero. El planteamiento también pretende prevenir la ludopatía y reducir otros riesgos relacionados con las apuestas desde edades tempranas.
La iniciativa pretende incorporar como delito que una persona facilite, induzca o promueva la participación de menores de edad en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos.
Lemus explicó así el alcance de la propuesta:
“La propuesta es reformar el artículo 142-A del Código Penal del Estado de Jalisco para agregar como conducta delictiva el facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes participen en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos”.
Esto significa que la sanción no estaría dirigida contra los menores que utilicen las máquinas, sino contra las personas adultas que les permitan jugar, los motiven o faciliten el acceso.
Entre los posibles responsables podrían encontrarse propietarios, encargados u operadores de establecimientos, aunque el texto completo de la iniciativa deberá precisar cómo se acreditará la responsabilidad en cada caso.
La conducta específica anunciada por el gobernador todavía no está incorporada en el Código Penal de Jalisco, por lo que no puede afirmarse que la nueva sanción ya esté vigente.
El artículo 142-A actualmente castiga distintas formas de corrupción de menores. Establece penas para quien facilite, provoque, induzca o promueva en una persona menor de edad prácticas como la mendicidad, el consumo de alcohol o drogas, la iniciación sexual o la comisión de delitos.
La legislación vigente contempla penas de 3 a 6 años de prisión, además de multas, y permite agravarlas cuando existe violencia o cuando la víctima tiene menos de 12 años. La iniciativa busca añadir los juegos de azar a ese catálogo y aumentar las sanciones, pero el Gobierno estatal no ha dado a conocer todavía cuál sería la pena definitiva.
