El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió este martes una fuerte denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que calificaron como abandono, omisiones y filtraciones de información en la investigación del caso del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
En un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades federales, el grupo de búsqueda acusó que la FGR ha dejado el caso en “abandono total”, sin avances visibles en las líneas de investigación, sin cateos adicionales y con una falta de funcionarios judicializados pese a contar con elementos suficientes.
Los Guerreros Buscadores señalaron que se mantuvieron en silencio durante varios meses para no interferir con las investigaciones, pero que, tras esperar respuestas institucionales, sólo han encontrado “abandono, omisiones y mentiras”. Afirman que el rancho permanece desatendido y que no se ha permitido el acceso adecuado a la carpeta de investigación.
Además, el colectivo acusó a la FGR de filtrar información sensible hacia el crimen organizado, lo que ha generado un riesgo real de que detenidos implicados en el caso puedan apelar sus procesos y quedar en libertad, algo que el grupo calificó como “trágico y fatal”.
Otro punto crítico señalado fue la negativa reiterada de acceso a testimonios y a la carpeta de investigación, lo cual, según integrantes del colectivo, ha forzado a testigos clave a huir del país por amenazas contra su vida, incluso al vecino Estados Unidos, por temor a represalias.
En su carta, los Guerreros Buscadores insistieron en que no desean que “la verdad se fugue ni quede en manos equivocadas por negligencia institucional”. Al mismo tiempo, confiaron en que este pronunciamiento llegue a la titular del Ejecutivo para redirigir la atención institucional hacia este caso.
El caso del Rancho Izaguirre, que ganó atención nacional tras el hallazgo de restos humanos y posibles crematorios clandestinos en marzo de 2025, ha sido objeto de múltiples investigaciones. Sin embargo, el colectivo y algunas ONG han señalado que la respuesta institucional ha sido insuficiente, pese a los antecedentes de detenciones y sentencias relacionadas con delitos graves vinculados al sitio.
