El estado de Jalisco dio un paso histórico al reconocer oficialmente a las familias de personas desaparecidas como un grupo prioritario y vulnerable, lo que les permitirá acceder de forma más sencilla a apoyos en salud, educación y asistencia social.
Un compromiso institucional que da esperanza
La declaratoria representa un avance significativo para las familias que, además de la ausencia de sus seres queridos, enfrentan obstáculos para recibir atención integral. Según activistas buscadores, este reconocimiento “es un acto de dignidad” y abre la puerta a que sus derechos ya existentes puedan ejercerse con mayor eficacia sin depender únicamente de la voluntad institucional.
De la ley al programa: pasos pendientes
Para que esta medida entre en vigor será necesario que se publique en el Periódico Oficial del Estado, lo que implicará modificaciones en diversas leyes como la de Víctimas, la de Asistencia Social y la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las organizaciones de familias buscadoras advierten que este cambio debe traducirse en programas permanentes y universales que contemplen atención psicosocial, jurídica, educativa y sanitaria, y no solo apoyos emergentes.
Un precedente nacional
Con esta decisión, Jalisco se posiciona como la primera entidad de América Latina que reconoce legalmente esta condición para las familias de desaparecidos, lo que podría servir de modelo para otros estados del país que enfrentan crisis similares en materia de desaparición de personas.
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