Durante los primeros siete meses de la actual administración, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha localizado a 10 personas con reporte de desaparición en centros de rehabilitación, también conocidos como anexos, ubicados en distintos municipios de la entidad.
Los hallazgos son resultado de 92 operativos de supervisión realizados entre el 6 de diciembre de 2024 y el 31 de julio de 2025, encabezados por tres vicefiscalías: Personas Desaparecidas, Investigación Regional y Concertación Social.
Estas acciones tienen como objetivo cruzar datos con bases de órdenes de aprehensión y denuncias por desaparición, además de garantizar los derechos y la integridad de las personas internas.
Además de la localización de personas desaparecidas, la Fiscalía ejecutó 12 órdenes de aprehensión en contra de personas buscadas por diversos delitos como:
- Lesiones
- Robo calificado y equiparado
- Violación
- Fraude
- Delitos contra la salud
- Homicidio calificado
- Homicidio en grado de tentativa
Las detenciones y localizaciones ocurrieron en 21 municipios de Jalisco, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Ameca, Arandas, Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, El Salto, Guadalajara, Jamay, Jocotepec, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, San Martín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo y han arrojado resultados significativos
Hasta el momento, cuatro centros de rehabilitación han sido asegurados por las autoridades, con el fin de continuar las indagatorias relacionadas con distintas carpetas de investigación.
- Algunos de estos sitios operaban sin cumplir con los requisitos legales ni contar con personal capacitado.
Según datos oficiales, en Jalisco existen cerca de 360 anexos, pero sólo 177 cuentan con registro ante el Consejo Estatal contra las Adicciones, lo que ha encendido las alertas sobre posibles abusos y riesgos al interior de estos lugares.
Seguirán los operativos, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso de realizar estos operativos de forma periódica para verificar que los centros de rehabilitación funcionen conforme a la ley, ofrezcan condiciones seguras y respeten los derechos humanos de las personas en proceso de recuperación.
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