Ante presuntos daños atribuidos a la siembra de agave y producción de tequila en Jalisco, la diputada de Morena, Claudia García Hernández, pretende que el Congreso local haga un llamado para que intervengan autoridades municipales, del Estado y federales
La legisladora explicó que el tequila representa el segundo producto agroindustrial que mayor aporte económico genera en ese sector, con 31 mil 339 millones de pesos en el año 2020.
Sin embargo, advirtió que pobladores de regiones agaveras han denunciado presuntas afectaciones, como alteración de suelos por el uso de químicos como el glifosato, deforestación y deslaves en cerros, descertificación o empobrecimiento de suelos, así como desplazamiento de cultivos tradicionales como maíz y trigo.
“Se denuncia la contaminación de cuerpos de agua, ríos, arroyos y mantos acuíferos por el vertimiento de aguas contaminadas con las llamadas vinazas, llamadas así por ser un derivado del proceso de destilación”, apuntó García Hernández.
La legisladora morenista presentó una iniciativa que, de contar con el aval del Pleno, permitiría solicitar a nombre del Congreso la intervención de autoridades municipales, estatales y federales, en el tema de supuestos daños generados por cultivos de agave y producción de tequila.
“Se solicita (a Municipios, Estado y Federación) que compartan esfuerzos, coordinación y operatividad en la vigilancia y cumplimiento de las leyes en la materia, para asegurar que no se expandan plantaciones en terrenos sobreexplotados y deforestados, evitar nuevas deforestaciones y descertificaciones, revertir el daño ocasionado logrando una siembra y cosecha sostenible de agave en Jalisco”, planteó García Hernández en la propuesta.
“Asegurar el tratamiento adecuado de vinazas antes de su desagüe en los drenajes municipales, y evitar su descarga directa en los cuerpos de agua, sancionar a quienes así lo hagan y revertir el daño ocasionado por estas nefastas prácticas. (Se pediría) integren en conjunto un informe detallado de la situación encontrada en campo, las posibles medidas correctivas y remitir dichos informes (al Congreso) en un plazo que no exceda los 30 días naturales”, añadió.
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