Luego de la aprobación en el Senado de la llamada Ley Sabina, colectivos feministas de Jalisco y opositores a la violencia vicaria piden reformas a ley local, para que se mejore el registro estatal en el tema y obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades.
La mañana de este martes, integrantes de Las Paritaristas y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria instalaron un tendero en plena Plaza de la Liberación para exhibir a presuntos deudores de pensión alimentaria. Acusan que la omisión en el pago de estas pensiones es una de las principales formas de violencia vicaria, es decir, la que no se ejerce directamente sobre las mujeres, sino sobre sus seres queridos (en este caso, los hijos), para generar un perjuicio.
La Ley Sabina señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán incluir como requisito en sus trámites la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este documento será obligatorio para ciertos trámites como licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, intención de participar como candidato a cargos de elección popular, participación en procesos de selección para ser juez o jueza en el ámbito local y federal o realizar trámites notariales.
“Ahora sí es como sí le duela, pues es a través de que no puedan renovar su INE, no puedan renovar la licencia de conducir, que no puedan sacar un pasaporte, como vamos poniéndoles más candados para que realmente vean que esto es en serio, que toda la sociedad les vamos a exigir ahora sí que cumplan con este deber de progenitores”, explicó Nancy Castañeda de Las Paritaristas.
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